Título: La ejecución fiscal de AFIP
Autor: De Loredo, Eduardo M. 
Publicado en: IMP2008-22 (Noviembre), 1885

No es esta época de gran seguridad jurídica, pero la reforma de esta norma implementada por la ley 25.239 ha contribuido a incrementar grandemente la inseguridad jurídica fiscal, creando innumerables situaciones confusas, engorrosas, conflictivas innecesariamente, todo en perjuicio del contribuyente sea o no deudor. Ella fue parte del gran "impuestazo" con que comenzó su gobierno Fernando de la Rúa con su Ministro de Economía Machinea, arruinando así aún más el sistema jurídico impositivo argentino. Naturalmente los gobiernos posteriores han aprovechado tan arbitraria e ilegítima ley para presionar aún más al contribuyente entendiendo así equivocadamente a nuestro entender que de esa manera favorecen la recaudación.
Estamos ahora en una ejecución administrativa con intervenciones judiciales, lo cual resulta más que confuso. En una época de enorme presión impositiva habrá siempre Ejecuciones Fiscales promovidas por AFIP en las que no siempre se reclaman deudas o créditos reales y de ahí la necesidad de una reglamentación seria y clara.
ABREVIATURAS:
LPF Ley de Procedimientos Fiscales 11.683
DRLPF Decreto Reglamentario 1397/79
CPr Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación
RE Recurso Extraordinario ante la C.S.J.N.
AF Agente Fiscal
Pr Párrafo de un artículo
AFIP Administración Federal Ingresos Públicos.
TITULO I PROCEDIMIENTO
1. APLICACION. TITULO EJECUTIVO: Mediante la Ejecución Fiscal de AFIP se reclaman tributos, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras cargas cuya aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo de la AFIP.
2. TITULO EN EJECUCION: El título de esta Ejecución lo constituye la Boleta de Deuda expedida por AFIP. Naturalmente que dicho título debe cumplir con los requisitos de todo título ejecutivo. Debe igualmente describirse el concepto de lo reclamado con la mayor claridad para no violentar el derecho a la defensa del contribuyente. La costumbre de emitir varios títulos con un mismo número se presta a confusiones y debiera ser eliminada por la Administración. Cada título debe tener su causa independiente.
3. NORMAS INVOLUCRADAS: Juntamente con el art. 92 operan muchos otros artículos de la ley 11.683, es decir todos aquellos que integran el Capítulo XI y XII de la ley. Debe siempre tenerse presente el decreto reglamentario 1397/79 que fuera reformado por el Decreto 65/05. Al ser considerado un juicio ejecutivo a todos sus efectos, resulta asimismo aplicable de manera supletoria las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y el Reglamento para la Justicia Nacional, además así lo expresa la propia ley en su pr.5 del art. 92 LPF. Igualmente pueden resultar aplicables algunas normas de la Ley de Procedimientos Administrativos en razón de tratarse del Estado Nacional.
No resulta aplicable al cobrar deudas tributarias las disposiciones de la ley 19.983, sino exclusivamente las que aquí tratamos. Sin perjuicio de todo ello puede resultar aplicables otras normas de la ley 11.683 y las restantes leyes y reglamentos que regulan los distintos impuestos que recauda AFIP. Esta última hace escasos días el 26/6/08 sancionó la Disposición 276/08 que significa un Reglamento interno en el Procedimiento para las Ejecuciones Fiscales de AFIP. La importancia para los contribuyentes es relativa, sin embargo es de tener presente que los Agentes Fiscales y los demás Funcionarios actuantes a quienes tiene presente la Reglamentación son Funcionarios Públicos y se deben a su superiores jerárquicos y a los demás ciudadanos en general sean o no contribuyentes. Se repite en ella innecesariamente normas de la ley 11.683 y el Decreto 1397/79. La disposición mezcla normas laborales con administrativas y de procedimiento, lo cual apareja confusión.
4. APLICACIÓN DE NORMAS SUPLETORIAS: La ley en definitiva deja a criterio del Juez la aplicación de normas supletorias cuando ello corresponda tales como las del C.P.C.C.N. dado que ello será resuelto en la sentencia la cual resulta inapelable. Además del C.P.C.C.N. está la LPA que también puede resultar aplicable. Todos estos cuerpos normativos son aplicables subsidiariamente, es decir, de no estar contemplada la situación claramente en aquella norma básica o sea el art. 92 de la LPF. Igualmente lo expresado en anteriormente respecto de la Disposición 276/08.
5. PAGOS EFECTUADOS DESPUES DE INICIADO EL JUICIO, MAL IMPUTADOS O NO COMUNICADOS: No será hábiles para fundar excepción. Acreditados en autos se procederá a su archivo o reducción del monto demandado con costas a los ejecutados. Igual tratamiento se aplica a los pagos mal imputados y a los no comunicados por el contribuyente o responsable, en cuyo caso se eximirá de las costas si se tratara de la primera ejecución fiscal iniciada como consecuencia de dicho accionar. Debe ser la primera vez que le ocurre esto al contribuyente, en la segunda deberá abonar las costas.
De emitirse la Boleta de Deuda el mismo día del pago, corresponderá el archivo de la ejecución previo pago de las costas, siempre y cuando la demanda haya sido interpuesta inmediatamente, sin poder advertir el Agente Fiscal el pago realizado. De otra manera corresponderá el desistimiento de AFIP.
Si se abonare la deuda o se incluyere en un Plan de Facilidades de pago presentado el mismo día de la demanda, la jurisprudencia ha dispuesto solamente el pago de costas.
6. REQUISITOS DE LA DEMANDA: El pr.8 del art. 92 L.P.F. establece los requisitos que debe cumplir la actora al presentar la demanda, los cuales son los siguientes:
A) PRESENTACION: Se debe presentar la demanda en Mesa de Entradas del Juzgado con competencia tributaria en la Mesa de Entradas de la Cámara de Apelaciones órgano de Superintendencia Judicial pertinente. Es necesario acreditar la representación judicial invocada, art. 96 y 97 L.P.F., excepto que el nombre del Agente .Fiscal conste en la Boleta de Deuda, pues en tal caso es suficiente acreditación. Se deberá informar en ella el nombre del demandado, su domicilio y carácter del mismo -esto primordialmente para el caso de sociedades u otras personas jurídicas- concepto, monto reclamado y los documentos que se agregan, en el caso, a la Boleta de Deuda. El demandante deberá fijar asimismo el domicilio ad-litem. Estimamos nosotros en el caso de sociedades de hecho se deben expresar los nombres de las personas que se demandan, además de la sociedad de hecho si así se pretende hacerlo. Igualmente cuando se pretende demandar a solidarios conjuntamente con la Entidad demandada.
B) OFICIALES DE JUSTICIA AD-HOC Y AUTORIZADOS: Se deberá informar el nombre de las personas que actuarán como Oficiales de Justicia ad-hoc y las personas autorizadas para intervenir en el diligenciamiento de requerimientos de pago, embargos, secuestros u notificaciones. Estos últimos no actuarán como Oficiales de Justicia ad-hoc sino solo como autorizados para el diligenciamiento, es decir cooperando con los Oficiales de Justicia, denunciando bienes a embargo, igualmente con nuevos domicilios del demandado u otros lugares donde se encuentren bienes de él, constituirse en depositario llegado el caso que la demandada no quisiera hacerlo, debiendo preverse en el mandamiento a librarse todas las facultades otorgadas tanto a los Oficiales de Justicia como a los Autorizados. En ningún momento debe perderse de vista esta circunstancia, pues los Oficiales de Justicia aunque sean ad-hoc representan al Juez, además de ser empleados de AFIP, lo cual los debiera haber inhabilitado para ello, pero así está la ley vigente.
Este hecho, o sea la comunicación al Juzgado interviniente de la designación de Oficiales ad-hoc es de suma importancia pues permite al contribuyente controlar en el monto de la intimación de pago la legitimidad de quien se la realiza, sobre todo teniendo presente que el Oficial de Justicia es en el momento un representante del Juez y así debe obrar.
Los Oficiales de Justicia designados deben aceptar el cargo mediante acta labrada ante el Agente Fiscal o mediante constancia expresa y firmada, consignada en el escrito en que se comunica su designación -la demanda- al Juzgado interviniente, quedando solamente a partir de ese momento investidos de todas las facultades y responsabilidades propias de los auxiliares de la Justicia. Las designaciones así efectuadas mantendrán validez y eficacia para todos los trámites posteriores, en tanto no sean revocadas expresamente por el Juez, el Agente Fiscal o funcionario competente de aquel organismo. (art. 6° c./ cont. art. 62 D.R.L.P.F.)
Ello se halla corroborado por la Disp. 276/08 en sus puntos 2.5.1. y 2.5.3. Se permite solamente un Oficial de Justicia y Notificador por Ejecución y el designado es el único que puede realizar los actos a que se hayan autorizados esos funcionarios.
C) INFORMAR LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS ALTERNATIVAS A TRABARSE: Resulta importante esta información que se debe brindar al Tribunal en el acto de la demanda para poder así controlar el contribuyente en el acto de la intimación de pago si tal información se condice con las medidas cautelares trabadas o solicitadas por el Agente Fiscal, y así se observará el correcto proceder del Agente Fiscal que es un empleado de la Repartición Estatal AFIP y como funcionario público debe respetar la ley en todo momento. De esta manera el demandado puede evitar un perjuicio innecesario que pueden acarrearle medidas cautelares que resultan en cierta manera extorsivas, como veremos en el Título Segundo. Si la medida cautelar tomada no le fue informada al Juez en la demanda la misma es de toda nulidad y debe levantarse inmediatamente.
El Juez puede y debe analizar el título y la demanda y llegado el caso rechazar esta última de no cumplirse con las normas previstas.
La única medida cautelar que puede tomarse antes de la intimación de pago, pareciera ser el embargo en cuentas Bancarias (pr. 10 art. 92 L.P.F). Las restantes lo serán conjuntamente con la Intimación de pago o posteriormente, siempre que hayan sido informadas y resulten necesarias.
D) FACULTADES DEL AGENTE FISCAL.
Los Agentes Fiscales de AFIP son empleados de ella en relación de dependencia. Su actuación profesional indica la misma Disp. 276/08 esta sometida a las leyes del mandato, sin embargo las mismas son limitadas por dicha disposición desde el momento en que por el punto 1.3.29 de ella no pueden desistir, paralizar, archivar o hacer renuncias sin autorización escrita de funcionario competente. Dicha autorización deberá acompañarse al escrito judicial de solicitud de archivo cuando el mismo se presente como consecuencia de la cancelación total de la deuda reclamada.
Por ello estamos ante una Procuración Limitada, dispensándolos la ley del Patrocinio Letrado cuando ellos mismos sean Abogados. Existen otra cantidad de limitaciones en su accionar todas las cuales se hallan detalladas en la Disposición citada en los puntos 1.3.1. a 1.3.40.
7. MANDAMIENTO DE INTIMACION DE PAGO Y EMBARGO: Aquí el art. 92 se distancia abiertamente del C.P.C.C.N. Quien suscribe el mismo ya no es el Juez Federal sino el Agente Fiscal actuante. El C.Pro. dispone que se libra mandamiento de embargo, aunque previamente se deberá requerir el pago al deudor. Si no se pagare entonces se procederá a trabar embargo. En nuestro caso se libra mandamiento de intimación de pago y eventualmente embargo, sino indicase otra medida alternativa. Pareciera se puede prescindir del embargo.
En mi criterio el sentido de la ley es que se puede reemplazar el embargo en bienes muebles por otro embargo, sea en la Caja del negocio de la demandada, en sus cuentas bancarias o en terceros, o trabajar Inhibición General de Bienes. Excepto la última medida, todas las demás son embargos en distintos bienes, pero no es prescindible la figura del embargo de bienes en una ejecución, sin la cual naturalmente no se pueden rematar los bienes del deudor ni entregar el dinero embargado al acreedor. (art. 561 C.Pro.)
8. LAS LLAMADAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
La redacción de la ley no es correcta y resulta confusa en su Pr. 9 del art. 92. El mandamiento debió ser de intimación de pago y embargo y en tal caso indicándose otras medidas de embargo tal como lo ordena el párrafo pr.8 del art. 92. El mandamiento no puede ser solamente de intimación de pago, pues seria vulnerado el derecho del propio ejecutado a ofrecer bienes a embargo y así evitar otras medidas judiciales que pueden serle más perjudiciales. La intimación de pago es previa al embargo y este se puede evitar si el deudor en el momento abona lo reclamado, en cuyo caso se traba embargo sobre ese dinero.
Más adelante se expresa que se debe indicar la medida precautoria dispuesta. Esto confirma nuestra tesitura acerca de las medidas alternativas. En el mejor de los casos, ellas son en más y no en menos. Es decir las medidas alternativas se indican para el caso de que el embargo en bienes muebles fracase. De otra manera no habría juicio Ejecutivo sino estaríamos en un procedimiento coactivo sin juicio previo abiertamente inconstitucional. Nuestro pensamiento se ve reafirmado precisamente por lo dispuesto en el pr. 10 del art. 92 al disponer que AFIP está facultada para trabar por las sumas reclamadas las medidas precautorias alternativas indicadas en la presentación de prevención o que indicare en posteriores presentaciones al Juez asignado.
9. LA ACTUACION DEL OFICIAL DE JUSTICIA AD-HOC; El Oficial de Justicia actuante deberá cumplir con el art. 531 del C.Pr. en sus puntos 1,2 y 3. Aunque no se pueda trabar embargo la ejecución continuará. Demás está decir que el embargo no debe causar perjuicio innecesario al demandado, debiendo respetarse el art. 535 C.Pr. Dichos Funcionarios como obran en representación del Juez Federal por imperio de la ley deben obrar con la mayor responsabilidad y su actuación esta sometida a responsabilidades civiles y penales. Las normas a respetar son las impresas en la ley 11.683 y en el C.P.C.C.N. y en el Reglamento para la Justicia Nacional. La intimación de pago y las diversas notificaciones son actos jurídicos de tamaña importancia para el procedimiento.
10. LA FIRMA DEL MANDAMIENTO: El mandamiento lo firma el Agente Fiscal. Esta es una complicación grande que apareja inseguridad, pues el contribuyente puede no otorgar a ese acto la gravedad de una medida judicial y no defenderse en tiempo y forma como ocurre generalmente.
11. COPIAS ACOMPAÑADAS: Se debe acompañar al mandamiento copia de la Boleta de Deuda en ejecución. La ley debió contemplar que se acompañe la demanda, donde precisamente constan las medidas alternativas de embargo, la designación de Oficial de Justicia ad-hoc y su aceptación como la de autorizados a intervenir en los diversos trámites procesales. Al no acompañarse la demanda el contribuyente queda privado en ese momento de cuestionar la legitimidad del proceder de los intervinientes.
De toda manera pensamos que esta norma se debe integrar con el art. 542 del C.Pr. que obliga a acompañar copia de la demanda y de los documentos acompañados, además del acta de la diligencia. En verdad esta norma es respetada en general por los Agentes Fiscales. Además de ello es necesario siempre acompañar el mandamiento pues el pr. 14 art. 92 LPF prescribe que en caso de oponer excepciones debe acompañarse a las mismas junto a la Boleta de Deuda. Se debió prever la entrega del mandamiento y de su diligenciamiento para que el Tribunal pueda controlar el término en que se presentaron las excepciones.
12. MONTO DEL EMBARGO A TRABARSE: El monto del embargo a trabarse deberá ser el de la demanda con más un 15% para responder a intereses y costas. De actualizarse posteriormente este monto deberá serlo por el Juez interviniente previa presentación de una liquidación con ese objeto por parte del Agente Fiscal (art. 3° s/n cont. 62 Drt. 1397/79).
13. PLAZO PARA EXCEPCIONAR: A partir del monto de la intimación de pago comienza a correr el plazo de cinco (5) días para oponer excepciones previstas en el pr.2. del mismo artículo 92. Este hecho debe hacérselo conocer expresamente al demandado en el mandamiento.
14. OPOSICION DE EXCEPCIONES: Interpuestas alguna de las excepciones previstas en el pr.2 u otras previstas en el C.Pr., las mismas deben ser presentadas ante el Juez interviniente manifestando bajo juramento el contribuyente la fecha de recepción de la intimación cumplida y acompañando copia de la Boleta de Deuda recibida y del mandamiento. De no acompañarse estas copias se tendrán por no presentadas las excepciones de la misma manera que no puede tenerse por realizada la intimación de pago sino se han dejado las copias de los actos detallados. Demás está decir que las excepciones deben llevar patrocinio letrado y acreditarse debidamente la personería del compareciente.
15. TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES A LA AFIP: Con las excepciones deducidas y documentación acompañada el Juez ordenará traslado con copias por 5 días al ejecutante, debiendo el auto que así lo dispone notificarse personalmente o por cédula al Agente Fiscal interviniente en el domicilio legal constituido. En realidad el Agente Fiscal debe notificarse siempre personalmente para interrumpir la caducidad de la instancia al tratarse de una ejecución. No hará falta así, el envío de cédula, excepto que por causas diversas al demandado le interese notificar al Agente Fiscal para que las excepciones se resuelvan lo más pronto posible.
16. PRUEBA: Puede llegar a ser necesario la apertura a prueba de la causa, la cual correrá siempre por cuenta de quien la propone. La prueba puede ser ofrecida por ambas partes independientemente de quien solicita se abra la causa; AFIP lo puede solicitar para contrarrestar alguna prueba acompañada por la demandada. El pr. 14 del art. 92 dispone que la sustanciación de las excepciones tramitará por las normas del juicio ejecutivo previsto en el C.Pr., por lo cual respeto de la prueba, deberán aplicarse las normas previstas en los art. 547 al 550 del C.Pr.
No es posible pensar que nunca va a ser necesario probar algún hecho, aún refiriéndonos a una Ejecución Fiscal que apareja un juicio ordinario posterior, pero para el cual habrá que pagar previamente el importe de la condena impuesta e interponer la repetición prevista en la ley 11.683, u optar por el juicio ordinario previsto en el art. 553 C.Pr. En este caso deben haberse interpuesto excepciones. Este puede iniciarse aún estando en trámite la Ejecución Fiscal, la cual no se paraliza.
16. SENTENCIA DE REMATE - SU INAPELABILIDAD: Ha sido una decisión drástica del legislador impresa en el pr. 14 del art. 92 la inapelabilidad de la sentencia de remate. O sea, un error del Juez puede llevar indefectiblemente a la quiebra del contribuyente demandado, sin posibilidad de que nadie revise esa sentencia, excepto la CSJN por vía del Recurso Extraordinario, lo cual en principio no procede al tratarse de un juicio ejecutivo. Solo excepcionalmente la Corte abre la instancia. En realidad la sentencia dictada en ejecuciones fiscales debiera equipararse a las sentencias dictadas en juicio ejecutivo. No existen motivos para realizar tamaña diferencia. Si se han tomado medidas cautelares suficientes para que el deudor deshonesto no pueda insolventarse, no veo porque el apuro cuando AFIP tiene un crédito que le rinde un alto interés como es el punitorio. La sobrecarga de la justicia no es de ninguna manera excusa para limitar la apelación como se ha hecho. El juicio de repetición precisa el previo pago y no siempre ello es posible y menos aún cuando se reclaman deudas inexistentes. Solo la sentencia o revocación del auto de intimación de pago son inapelables. El resto de las resoluciones del Tribunal si lo son ante el Tribunal de mayor grado.
17. APELABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS: Las Cámaras Contencioso Administrativo y las Cámaras Federales han limitado esta inapelabilidad lo mismo que la C.S.J.N. a la parte substancial del reclamo. El resto de las cuestiones que se puedan resolver dentro de la sentencia, pero resultan accesorias o de procedimiento, tanto como las regulaciones de honorarios, son apelables. Esta es una cuestión de enorme importancia para los derechos de los contribuyentes en las ejecuciones fiscales.
18. RECURSO EXTRAORDINARIO ANTE LA CSJ.: La sentencia de remate debe ser notificada por cédula al demandado. El único recurso que le queda al contribuyente contra la sentencia de remate es el Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 14 de la ley 48).para lo cual tiene 10 días hábiles a partir de la notificación y si el Tribunal rechaza el Recurso Extraordinario el contribuyente tiene cinco días más 2 por cada doscientos kilómetros de la sede del Tribunal y uno más por fracción que no baje de cien para interponer el Recurso de Queja por Extraordinario denegado.
Este Tribunal es reacio a abrir la instancia extraordinaria y mucho más en juicios ejecutivos que por cierto no resultan definitivos. Sin perjuicio de ello el Tribunal suele abrir el Recurso cuando se puede probar la inexistencia de deuda. Caso contrario por el art. 281 del C.Pr. en general se deniegan los recursos presentados directamente a la C.S.J.N. Demás esta decir que lo mismo pasa con el Juez Federal que resulta muy reacio a abrir la instancia Extraordinaria, excepto claro está que se trate de interpretación de normas federales.
En realidad normas federales serian todas aquellas que no son derecho común. Sin embargo no siempre los Tribunales consideran a las normas insertas en la Ley de Procedimientos Administrativos, que es federal y en la propia ley 11.683 como razón suficiente para abrir la instancia ante la C.S.J.N.
19. CONSTANCIA DE NO OPOSICION DE EXCEPCIONES: De no haberse opuesto excepciones el Agente Fiscal debe requerir al Juez interviniente, una Constancia de dicha circunstancia. Dicho documento hará las veces de una sentencia en el sentido que autoriza realizar los trámites de la Ejecución de Sentencia propiamente dicha, es decir el remate de los bienes embargados si ello resulta necesario. Dicha constancia tanto como la sentencia de remate debe ser notificada por cédula al demandado, así lo dispone el Dec. 1397/79 en sus art. 4°, 5° y 6° agregados a continuación del art. 62. La constancia de no oposición de excepciones debe respetar las características formales de una sentencia de Ejecución previstas en los art. 163 y 551 del C.Pr.
20. LIQUIDACION POSTERIOR: Habiendo quedado firme la sentencia el Agente Fiscal procederá a practicar liquidación notificando administrativamente de ella al demandado el cual en el plazo de 5 días, puede impugnarla ante el Juez interviniente quien debe sustanciarla conforme al trámite pertinente de dicha etapa del proceso de ejecución reglado en el C.Pr.
Esta liquidación no precisa ser realizada ni presentada ante el Juez interviniente. Debe ser notificada administrativamente, es decir directamente por el Agente Fiscal por medio de empleados administrativos de AFIP -sin necesidad en este caso de que hayan sido investidos del cargo de Oficiales de Justicia ad-hoc- por ello expresa la ley que deben ser notificados administrativamente. La notificación naturalmente que debe ser notificada en el domicilio fiscal o legal que en tal caso tenga constituido el contribuyente en el Expdte. Judicial.
Si la notificación se presenta en el Expdte. Judicial deja de ser administrativa para ser judicial, lo mismo que la notificación, de ser realizada por los Oficiales de Justicia ad-hoc entonces es una notificación judicial, que es precisamente lo que la ley trata de evitar. La finalidad es que si no hay impugnación el Tribunal no interviene y si la hay lo hace solo a efectos de resolver. El Tribunal interviene solamente a efectos de resolver una impugnación realizada en término.
21. RESOLUCION DE LA IMPUGNACION. APELABILIDAD: De ser impugnada ante el Juez interviniente, EL AF debe llevar la misma al Tribunal juntamente con la notificación -para controlar el haber sido realizada en término- y el Tribunal resolverá la incidencia, la cual será apelable ante la Cámara Federal de Apelaciones como todas las resoluciones interlocutorias que se sucedieran en una Ejecución Fiscal, (art. 242 inc. 2. C.Pr.) siempre y cuando se trate de un diferendo mayor a $ 2.000.- Debe quedar claro que lo inapelable es la sentencia de remate exclusivamente.
22. TRAMITE DE LA IMPUGNACION: El pr. 15 remite al C.Pr. respecto del trámite a la liquidación cuando fuere impugnada. En realidad el C.Pr. solo contempla la liquidación una vez realizado el remate de los bienes sean muebles o inmuebles o si lo embargado es dinero. De todas maneras el trámite es por demás de sencillo. Puede incluso el Juez si lo considera razonable correr traslado de la impugnación a AFIP antes de resolver.
23. SUMARIO POR FALTA DE PAGO: Debe quedar en claro que la Ejecución Fiscal se tramitará independientemente del sumario a que pueda dar origen la falta de pago de los mismos. El caso más corrientes es el del pago de retenciones, en cuyo caso AFIP inicia sumario para la imposición de multas además de la Ejecución Fiscal.
24. JUICIO ORDINARIO POSTERIOR O REPETICION: Dos acciones que pueden ejercerse posteriormente al juicio de Ejecución Fiscal. El juicio ordinario posterior previsto en el C.P.C.C.N. en su artículo 553 podrá promoverse una vez cumplidas las condenas impuestas. Esta acción debe conciliarse con el art. 81 de la ley 11.683, pues ambas tienden a lo mismo. Para ejercer la acción de repetición naturalmente que debe haberse abonado el reclamo y lo mismo para el juicio ordinario posterior si se lo promueve por la vía del C.P. Deben tenerse presente las siguientes pautas:
A) En el juicio ordinario: (art. 553 C.P.C.C.N.)
1. El juicio ordinario posterior puede promoverse mientras se sustancia el ejecutivo, aunque no produce la paralización de este.
2. En el ordinario toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo, podrá hacerse valer en el ordinario.
3. En el ordinario no corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante, en cuanto a las que se hubiese allanado.
4. No se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el Ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la Ejecución.
5. La falta de cumplimiento de las condenas impuestas podrá ser opuesta como excepción de previo y especial pronunciamiento.
B) En la Repetición:
1. Puede realizarse ante la Administración o ante la Justicia Nacional de Primera Instancia.
2. En el primer caso, contra la Resolución denegatoria y dentro de los quince (15) días de la notificación, podrá el contribuyente interponer EL Recurso de reconsideración previsto en el art. 76 u optar entre apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación o interponer demanda contenciosa ante la Justicia Nacional de Primera Instancia. Igual opción tendrá sino se dictare resolución dentro de los tres (3) meses de presentarse el reclamo.
3. Si el tributo se pagare en cumplimiento de una determinación cierta o presuntiva de la repartición recaudadora, la repetición se deducirá mediante demanda que se interponga, a opción del contribuyente ante el Tribunal Fiscal de la Nación o ante la Justicia Nacional.
La norma ha tenido un agregado mediante ley 25.757 que incorporó el requisito llamado de la "pobreza" por el cual el contribuyente deberá demostrar que no trasladó el impuesto abonado y si lo hizo que procedió a devolverlo antes de iniciar esta acción. Doctrina muy cuestionada y que ya diera lugar a fallos encontrados. AFIP aún no ha reglamentado esta devolución por lo cual su vigencia también es cuestionable, ya que se requiere de ella esa reglamentación.
TITULO SEGUNDO
ESTIMACION ADMINISTRATIVA DE HONORARIOS
Los honorarios de los Agentes Fiscales suelen resultar un gravamen importante para los contribuyentes. Debe conocerse entonces cuando ellos son exigibles y fundamentalmente el monto de los mismos. La ley 11.683 en su art. 92 establece un procedimiento novedoso obligando a los Agentes Fiscales a estimar sus propios honorarios. El contribuyente de no estar de acuerdo con ella tiene la facultad de impugnarla ante el Juez actuante.
1. ESTIMACION ADMINISTRATIVA DE HONORARIOS: El pr. 15 del art. 92 trae una novedad respecto al C.Pr. cual es la necesidad de que a posteriori de la liquidación el Agente Fiscal interviniente estime los honorarios que entiende le corresponden de acuerdo a las pautas que a tal fin determinará la AFIP. Precisamente para ello se dictó la Disposición 85/00 que en sus diversas disposiciones establece la forma y el cuantum de los honorarios de los Agentes Fiscales. Tal estimación se debe notificar al demandado separadamente de toda liquidación y el contribuyente tiene cinco días para impugnarla ante la Administración, todo ello de acuerdo a los Instructivos que la propia Administración acompaña a la Estimación.
Puede también el contribuyente sino acepta la Estimación Administrativa que se realice, solicitar regulación de honorarios. Sin embargo ello no suele ser aconsejado, pues el Tribunal regulará teniendo presente los Aranceles Profesionales establecidos para los juicios comunes (Ley 21.839) que establece alícuotas mayores. Debe tenerse presente especialmente que la Ejecución Fiscal reglada por el art. 92 es de un trámite muy sencillo, acotado y de escaso trámite, por ello se han limitado los honorarios apartándolos de la ley de Aranceles comunes. Además de ello se trata de Funcionarios Públicos donde todos los gastos que se realicen o son a cargo de la demandada o de la Administración Pública.
Los Abogados y Procuradores que representen al Fisco tienen derecho a percibir honorarios, (art. 98 LPF) pero ellos deben ajustarse, en principio a lo dispuesto en la propia Disposición de AFIP, dictada en consonancia con el art. 92 LPF pr.15.
La disposición 85/00 modificada por la Disp. 651/01 divide en dos etapas el procedimiento y establece los aranceles para ellas. La primera etapa seria hasta la notificación de la sentencia o la constancia de no oposición de excepciones, incluidas ambas y de ahí en adelante la segunda etapa, hasta la finalización por cobro compulsivo. Si el cobro se realiza antes naturalmente que no corresponderá íntegramente el arancel sino parte de él.
Los Agentes Fiscales deben abonar la parte correspondiente a las Cajas Previsiones por los honorarios percibidos, parte lo cobran al demandado, el 13% y el 7% que es a cargo de ellos.
La ley ordena a la AFIP que establezca pautas para realizar esa Estimación Administrativa. La Administración emitió inmediatamente las Disposición 85/00, 651/01- El punto 1.3.33 de la citada disposición 276/08 establece la aplicación estricta por parte de los Agentes Fiscales de la normativa vigente para estimar sus honorarios.
2. EL ARANCEL A APLICAR POR EL TRIBUNAL: Lo que reviste trascendental importancia es que arancel deben aplicar los Jueces para regular los honorarios cuando se impugna la Estimación Administrativa. O la ley de Aranceles para Abogados y Procuradores en el orden Nacional, 21.839 o la propia Disposición 85/00 que establece una tabla disminuida en un 50%. Entiendo que es esta última, pues contrariamente el le basta al Agente Fiscal Estimar exageradamente sus honorarios para que al ser impugnados el Tribunal le regule mucho más alto sus honorarios, con lo cual se habría marginado absolutamente lo dispuesto en el párrafo 15 del art. 92
Estimo que tanto como a la Ley, el Decreto Reglamentario y las Disposiciones de la AFIP, los Agentes Fiscales deben respetar lo dispuesto en los puntos 1.3. a 1.3.40 de la Disposición 276/08.
TITULO TERCERO
MEDIDAS CAUTELARES
1. LA LEGALIDAD DE LAS NORMAS: Este es sin ninguna duda el capítulo más cuestionado y difícil de la Ejecución Fiscal de AFIP. Se le han dado a la Administración poderes y facultades tan amplias que son precisamente las que han dado lugar a que múltiples Juzgados Federales y algunas Cámaras hayan decretado la inconstitucionalidad de la ley 25.39 que modificara grandemente varias normas la del art. 92 de la ley 11.683. Seguramente pronto se expedirá la Corte Suprema de Justicia. La modificación del Decreto 1397/79 Reglamentario de la ley, por medio del Decreto 65/05 suavizó bastante la dureza de la ley y limitó ciertas facultades otorgadas a los Agentes Fiscales que realmente eran inconstitucionales y producían una inseguridad jurídica extrema, pese a ello continúan los infinitos problemas creados por el art. 92 LPF actual.
En una época de tan grande presión impositiva es lógico y habitual que existan múltiples ejecuciones fiscales. No todas prosperarán pues a veces existen errores de la Administración y otras veces irán adelante pero ello debe hacerse respetando la ley y las garantías constitucionales. Las medidas cautelares no pueden ser otra cosa que eso, cautelas o garantías de que llegado el caso el supuesto deudor responderá. Si se usan las medidas cautelares como medidas extorsivas para obligar a pagar supuestas deudas inmediatamente, entonces se lesionan las garantías constitucionales más elementales. Si esto es producido por los Agentes Fiscales que se arrogan facultades judiciales entonces la cuestión es mucho más grave y produce el desconcierto general y su incursión dentro del Código Penal.
Hasta el momento en que el juicio tenga sentencia y liquidación firme, hasta ese momento las medidas cautelares son nada más que eso, garantía de cumplimiento. Posteriormente vendrán las medidas ejecutivas tendientes precisamente a que se cumpla la sentencia de remate. Somos firmes enemigos de las medidas cautelares compulsivas como les llama la propia AFIP, las cuales obligan al contribuyente el reclamo realizado sea o no legítimo y ello para evitar su ruina.
2. EMBARGO DE BIENES Y MEDIDAS ALTERNATIVAS: El embargo de bienes es la medida cautelar por excelencia, sea en bienes muebles, inmuebles, dinero u otros. Dado que el embargo en bienes -generalmente de uso- es la medida que menos problema acarreará al demandado, es la que generalmente los Tribunales en el procedimiento ejecutivo común incluyen de inicio en todos los mandamientos. La ley 11.683 se ha apartado aquí de esa tesitura, creando la posibilidad de serios perjuicios y trastornos para los demandados. El párrafo 9 del art. 92 expresa que en el mandamiento de intimación de pago se ordenará eventualmente el embargo sino indicare otra medida alternativa. La disyuntiva es saber si la medida alternativa -que no es más que otro embargo menos común que el embargo en bienes- se la ordena en reemplazo del embargo en bienes o además del embargo en bienes o para el caso de que este fracasare.
3. LA MEDIDA PRECAUTORIA DISPUESTA: Posteriormente el mismo pr. 9 del art. 92 LPF expresa que en el mandamiento se debe indicar la medida precautoria dispuesta. Imaginamos que es entre las alternativas indicadas. Como la ley dice "la" o sea singular, entendemos que se debe indicar una medida de entre las indicadas en la demanda. Además de ello, entendemos que medida alternativa al embargo y medida precautoria es exactamente lo mismo, entonces debemos tener a esta última alusión a la medida precautoria como reafirmación de aquella otra, o sea un embargo un tanto más sofisticado que el simple embargo en bienes.
4. LA INHIBICION GENERAL DE BIENES: La Inhibición General de Bienes es una medida cautelar prevista en todos los Códigos de Procedimientos y siempre estuvo también en la ley fiscal. Si bien no es un embargo impide el desprenderse o gravar bienes registrables. No tenemos otra interpretación posible de las llamadas "medidas alternativa" que no sean embargos en otras cosas distintas a bienes muebles o inmuebles.
5.LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS: Aquí en esta conceptualización deben estar indefectiblemente los embargos de dinero, ya sea embargos en la Caja del contribuyente, en las cuentas de terceros o en las cuentas bancarias que no sean entidades financieras regidas por la ley 21.26, pues estas últimas son pasibles de un tratamiento especial, como hemos visto se pueden trabar en todo momento y aparentemente sin necesidad de información previa al Tribunal, sin que se haya intentado siquiera una traba de embargo en bienes muebles o inmuebles.
6. EMBARGOS DE CAJA: Además de los clásicos embargos en cuentas bancarias sea de entidades financieras o en cuentas de terceros que adeuden al demandado, existen los llamados Embargos de Caja, que consisten en retener dinero percibido en la Caja del Comercio de un contribuyente, colocando un interventor de la Caja, que mediante comunicación a toda persona que concurra a pagar le indique que un porcentaje de ese pago debe entregárselo a él.
En la práctica el embargo de Caja se trasunta en un descrédito imposible de soportar por e contribuyente que termina arreglando de alguna manera con el Interventor para que este no se encuentre todo el día delante de la Caja. Rindiéndole cuentas al fin de la jornada se le entrega el porcentaje que el Agente Fiscal haya determinado. Naturalmente que la medida puede ser sustituida en todo momento por un razonable embargo en bienes, pero ello quedará a resultas de voluntad del Agente Fiscal actuante, lo cual convierte en absolutamente arbitraria e ilegal a toda esta normativa.
7. LOS EMBARGOS EN CAJA DE SEGURIDAD: El tema de estos embargos esta sujeto a la inviolabilidad establecida para las Cajas de Seguridad Bancarias que aquí se ven doblegadas por estas normas. Al respecto el Banco Central ha emitido disposiciones para su normal cumplimiento. En una Caja de seguridad puede haber nada más que bienes muebles o dinero. Ambas cosas son embargables, por lo cual una vez abierta la Caja de Seguridad la medida sigue el trámite de todo embargo común.
8. EL EMBARGO EN LAS CUENTAS BANCARIAS O DE TERCEROS: El pr. 11 del art. 92 quizás sea el más conflictivo de todos. Comienza expresando que AFIP por intermedio de los Agentes Fiscales "podrá decretar el embargo de cuentas bancarias, fondos y valores depositados en entidades financieras, o de bienes de cualquier tipo o naturaleza, inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución". Asimismo "podrá controlar su diligenciamiento y efectiva traba".
El embargo en cuentas de terceros debiera ser una medida absolutamente de excepción, dado el descrédito que con ella se logra que seguramente será más perjudicial para el contribuyente que la propia inmovilización del dinero. Este embargo solo podrá autorizarse cuando se demuestre la existencia del crédito y no para operaciones de pesca, absolutamente prohibidas. Por lo demás deben ser los oficios firmados por el Juez Federal en razón de que los únicos oficios autorizados a suscribir por los Agentes Fiscales son los dirigidos a los Bancos ley 21.26 y a los Registros de bienes muebles o inmuebles, todos los cuales en realidad son instituciones para estatales.
9. LA PRACTICA ACTUAL: Para complicar más el cuadro, continúa "En cualquier estado de la ejecución podrá (AFIP) disponer el embargo general de los fondos y valores de cualquier naturaleza que los depositados tengan depositados en las entidades financieras regidas por la ley 21.26 ". Esto ha derivado a que en la práctica no bien iniciada una ejecución se trabe embargo en las cuentas bancarias. El embargo se lo puede llegar a trabar aún antes de la intimación de pago, en cuyo caso la medida deberá ser le notificada por el Agente Fiscal dentro de los 5 (cinco) días siguientes de tomado conocimiento de la traba por el mismo. Entendemos que esta medida apareja una inseguridad jurídica absoluta y total a cualquier ciudadano que resulte contribuyente de AFIP pues en todo momento esta en la posibilidad de que se trabe embargo en todas sus cuentas bancarias del país.
10. LA GRAVEDAD DEL EMBARGO BANCARIO: El embargo que traba AFIP en las cuentas bancarias es mucho más grave que una declaración súbita de quiebra, pues esta exige un proceso previo y este embargo es decidido por el Agente Fiscal sin proceso ni razonamiento previo. La única manera de levantar al mismo es el pago de la obligación, el sometimiento de un plazo de facilidades de pago, previo allanamiento por los conceptos de la Boleta de Deuda y o lo que resulta bastante más difícil sustituir dicho embargo por embargo en bienes muebles o inmuebles suficientes -a criterio del Agente Fiscal- para garantizar la supuesta deuda. En definitiva se somete al contribuyente a la voluntad del Agente Fiscal y si este resulta obstinado y no entiende razones para sustituir el embargo, solamente así se puede plantear la incidencia ante el Tribunal.
11. PERJUICIO POR LOS EMBARGOS: El art. 535 del C.Pr. expresa "El acreedor no podrá exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el deudor, si hubiese otros disponibles" Lo que debe evitarse es que bajo el amparo de la llamada recaudación tributaria se constituyan medidas apretadoras de contribuyentes, obligándolos a reconocer deudas que no tienen, mediante procedimientos que solo tienden al descrédito público y rara vez a obtener una real garantía. Los créditos se deben reclamar y cobrar dentro de la ley y el derecho.
El último párrafo del art. Citado expresa "Si los bienes embargados formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del deudor, éste podrá exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado".
Consecuente con ello la Dra. Liliana Arribillaga, en su momento Juez Federal de Rosario, actual miembro de la Cámara Federal de Apelaciones, expresó en la causa "Fisco Nacional (DGI) c/ S-A- Molinos Fénix s/Ejecución Fiscal" Expdte. Nro. 27933 del Juzgado Federal Nro. 1 de Rosario "el peticionante de la medida será responsable de que con la misma no se incurra en abuso del derecho, creando un perjuicio extremo e innecesario al deudor, provocando el compromiso de los procesos de comercialización o fabricación, todo en el supuesto que la medida se trabase sea por exceso o por un monto superior al que fue ordenado, por lo que se decreta bajo los apercibimientos previstos por los art. 202, 203, 204, 206, 208 y 535 del C.Pr.".
12. LEVANTAMIENTO O SUSTITUCION DE EMBARGOS: Para tranquilidad de los contribuyentes el Decreto Reglamentario 1397/79, en su art. 3 s/n cont. art. 62, expresa que la facultad otorgada a los Agentes Fiscales para anotar medidas cautelares comprende asimismo, la de autorizar su sustitución o levantamiento, según el caso, con sujeción a las normas que la misma establezca. En cierta manera se ha reemplazado la voluntad del Tribunal por la del Agente Fiscal.
Posteriormente en el párrafo 10 del art. 92 se vuelve a insistir en que los Agentes Fiscales estarán facultados para trabar por las sumas reclamadas las medidas precautorias alternativas indicadas en la prevención o que se indicare en posteriores presentación al Juez asignando. La prevención sin duda que es la demanda, el término es extraído de algún procedimiento administrativo distinto. Este párrafo 10 nada agrega sino que contribuye a aumentar la confusión.
13. EL CONTROL DEL TRIBUNAL INTERVINIENTE: Entendemos que si es necesario informar en la demanda al Juez interviniente las medidas alternativas -que son como lo hemos expresado embargos más complejos como veremos posteriormente- el Juez se encuentra autorizado a eliminar alguna de ellas dentro de la grilla presentada por el Agente Fiscal. De manera contraria ningún sentido tiene esa necesaria información.
TITULO CUARTO
EJECUCION DE LA SENTENCIA - SUBASTA DE BIENES
1. SUBASTA DE BIENES O TRANSFERENCIA DE FONDOS: Una vez firme la sentencia de remate, el Agente Fiscal deberá impulsar la subasta de los bienes embargados en el caso de que los hubiera y la transferencia de fondos a AFIP si se tratara de dinero embargado o sea fondos disponibles. La subasta puede ser reemplazada por concurso público si fuera conveniente en razón de los bienes embargados y otras circunstancias.
2. SECUESTRO DE BIENES: Deberá ser ordenado por el Agente Fiscal y comunicado al Juez interviniente. Si fuera necesario el desapoderamiento físico deberá solicitarse la orden respectiva al Tribunal. (Par. 12 art. 92 ley 11.683).
3. DESIGNACION DEL MARTILLERO: Puede ser efectuada por el Agente Fiscal con sujeción a las normas que establezca AFIP. Deben aceptar el cargo por acta labrada ante el Agente Fiscal o mediante constancia expresa y firmada, consignada en el escrito en que se comunica su designación al Tribunal interviniente, quedando a partir de ese momento investido al igual que los Oficiales de Justicia ad-hoc de las facultades y responsabilidades propias de los auxiliares de la justicia. Las designaciones así efectuadas mantendrán validez y eficacia para todos los trámites posteriores, en tanto no sean revocadas por el Juez, Agente Fiscal o funcionario competente de aquel organismo. El Martillero designado no podrá delegar sus funciones en otra persona, sin autorización del Juez.
4. DESIGNACION DE MARTILLERO PARA SUBASTAR INMUEBLES: En el caso de existir bienes inmuebles a subastarse el Agente Fiscal deberá realizar los actos previstos en el C.Pr. y en el Decreto 1397/79 art. 7s/n cont.art. 62, o sea, a) Firmar los edictos de ley para su publicación; b) Solicitar los informes a que se refiere el art. 576 C.Pr.; c) Efectuar las comunicaciones a otros jueces embargantes o inhibientes y a los acreedores hipotecarios; y d) Practicar las notificaciones de ley. (Art. 7°s/n cont. art. 62 DRLPF art. 95 LPF) Hecho todos ello deberá proceder a la designación del Martillero y ordenar la subasta, lo cual deberá ser notificado al contribuyente demandado. (Pr. 12 art. 92 LPF y art. 95 LPF). De existir bienes muebles embargados y por ende no ser necesario la serie de informe a solicitar a las entidades públicas, la designación de martillero se la puede realizar no bien se ordene la subasta.
Entendemos que el contribuyente demandado no pierde el derecho a impugnar la designación del Martillero actuante, si prueba alguna situación que lo inhabilitara a aquel a actuar en una subasta pública de bienes de propiedad del demandado. La Ley de Martilleros Públicos así lo contempla.
4. LUGAR DEL REMATE: Suele ser práctica común que los remates de bienes se realicen en lugares distintos a los establecidos en el art. 577 del C.Pro. que establece que el remate de bienes inmuebles se realizará en el lugar que tramita la ejecución, es decir el reciento del propio Tribunal- o el de ubicación del inmueble, según lo resolviere el juez de acuerdo con lo que resultare más conveniente. Naturalmente que mucho tendrá que ver el valor estimado del bien inmueble a subastar, la cantidad de gente que presumiblemente concurrirá y otras circunstancias. Es natural que en el caso de bienes de poco valor convendrá hacerlo en el propio inmueble para que de él tomen conocimiento los vecinos y otros posibles interesados y no lejos de ese lugar donde es difícil se trasladen los pretendientes al bien a subastar. El juez deberá evaluar la situación escuchando primordialmente al rematador que es el principal interesado en el precio del bien a subastar.
5. TASACION DEL INMUEBLE PARA LA BASE DE REMATE: Deberá tenerse presente lo dispuesto claramente por el art. 578 del C.Pro. Las demás exigencias de la ley ritual para deberes y facultades del comprador están claramente establecidas en los art. 579 y sigtes del Cód. Proc.
6. TRANSFERENCIA DE FONDOS: Una vez que en alguna entidad financiera se hallen fondos líquidos embargados, deberán ellos ser transferidos al Banco de Depósitos Judiciales de la Jurisdicción del Juzgado, hasta la concurrencia del monto total de la Boleta de Deuda -entendemos que debió decir de la liquidación aprobada- dentro de los (2) días hábiles inmediatos siguientes a la notificación de la orden emitida por el Juez. Es facultad del Tribunal ordenar toda transferencia de fondos líquidos. (pr. 16 art. 92).
Toda transferencia de fondos debe ser dispuesta por el Tribunal interviniente ya que ella configura un desapoderamiento. Así lo dispuso y reconoció la Sala IV de la Cámara Contenciosa Administrativo Federal de la Capital Federal en la causa IMAR S.A. En nuestra jurisdicción igualmente así lo dispone reiteradamente veces la Juez Federal titular del Juzgado Nro. 2 Dra. Silvia Aramberri.
7. MANDAMIENTO DE CONSTATACION PREVIO: De tratarse del remate de bienes inmuebles es necesario una constatación del estado físico y de ocupación del inmueble. El mandamiento respectivo deberá ser ordenado y firmado por el Juez interviniente. (art. 7 s/n cont. art. 62 Decreto 1397/79)
8. APROBACION DE LA SUBASTA: Ella deberá realizarse por el Juez interviniente. El mismo deberá resolver todas las cuestiones que puedan presentarse respecto del trámite de la subasta (nulidades, intervención de terceros interesados, concurrencia de la fuerza pública al acto de remate, desapoderamiento físico y entrega de los bienes al comprador, etc.)
9. REGULACIONES DE HONORARIOS: El Juez interviniente tendrá a su cargo la regulación de honorarios del Martillero de resultar necesario.
10. DEMAS REGULACIONES ATINENTES A LA SUBASTA: Se regirán por las normas del C.Pr. en sus art. 559 a 594.
TITULO QUINTO
DISPOSICONES GENERALES
1. DEUDAS GARANTIZADAS CON FIANZA: Si la deuda líquida y exigible estuviera garantizada mediante aval, fianza personal, prenda, hipoteca o cualquier otra garantía, se procederá en primer lugar a ejecutarla, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el artículo 92; una vez ejecutada la garantía, si la misma no fuese suficiente para cubrir la deuda, se podrá seguir la ejecución contra cualquier otro bien o valor del ejecutado. (art. 2 s/n a cont. Art. 92 ley 11.683)
En los supuestos a que se refiere este artículo la demanda de Ejecución Fiscal se entablará conjuntamente contra el garante y el contribuyente o responsable principal de la deuda reclamada. Dictada la sentencia de ejecución o la que ordena emitir la constancia de no posición de excepciones, en su caso, se ejecutarán en primer lugar los bienes afectados a la garantía. Si éstos no fueren suficientes para cubrir la deuda, se seguirá la ejecución contra cualquier otro bien o valor del ejecutado. (art. 12 s/n a cont. Art. 62 D.R. 1397/79).
2. LA RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y TERCEROS POR BIENES EMBARGADOS: (Art. 1 s/n cont. art. 92 LPF): Las Entidades financieras, así como las demás personas físicas o jurídicas depositarias de bienes embargados, serán responsables en forma solidaria, por hasta el valor del bien o la suma de dinero que se hubiere podido embargar, cuando con conocimiento previo del embargo, hubieren permitido su levantamiento, y de manera particular en las siguientes situaciones:
a) Sean causantes en forma directa de la ocultación de bienes, fondos, valores o derechos del contribuyente ejecutado, con la finalidad de impedir la traba del embargo, y
b) Cuando sus dependientes incumplan las órdenes de embargo u otras medidas cautelares ordenadas por los jueces o por los agentes fiscales.
Verificada alguna de las situaciones descriptas, el agente fiscal la comunicará de inmediato al Juez de la Ejecución Fiscal de que se trate, acompañando todas las constancias que así lo acrediten. El Juez dará traslado por cinco (5) días a la entidad o persona denunciada, luego de lo que deberá dictar resolución mandando a hacer efectiva la responsabilidad solidaria aquí prevista, la que deberá cumplirse dentro de un plazo máximo de diez (10) días.
3. LA RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES FISCALES Y DE LA AFIP: Los agentes fiscales son responsables por la procedencia, razonabilidad y alcance de las medidas adoptadas, quedando sometidos a las disposiciones del art. 1112 del Código Civil, sin perjuicio de la responsabilidad profesional pertinente ante su entidad de matriculación. (párrafo 12 del art. 92 ley 11.683) En realidad esta norma de la ley 11.683 modificada por la ley 25.239 resultaba innecesaria pues para ello esta la ley civil y las disposiciones propias de los Colegios de Abogados.