Título: Ejecución fiscal
Autor: Diegues, Jorge Alberto 
Publicado en: LA LEY 11/08/2010, 11/08/2010, 11

Abstract: "El instituto procesal de la ejecución fiscal se halla destinado a que el Fisco -nacional, provincial o local- perciba las cantidades dinerarias que se le adeudan en concepto de impuestos, tasas, patentes, entre otros supuestos específicamente previstos, de quienes se encuentran obligados a su pago, más allá del carácter público o privado que esta persona pueda revestir." 

I. Generalidades
1. El instituto procesal de la ejecución fiscal se halla destinado a que el Fisco —nacional, provincial o local— perciba las cantidades dinerarias que se le adeudan en concepto de impuestos, tasas, patentes, entre otros supuestos específicamente previstos, de quienes se encuentran obligados a su pago, más allá del carácter público o privado que esta persona pueda revestir.
CNFed. Contenciosoadministrativo, sala III, 28/11/2006, Ciudad de Buenos Aires c. EN - AFIP / o Propietario Avda. de Mayo 1301, La Ley Online, AR/JUR/9816/2006.
II. Condiciones de procedencia
 A. Título hábil 
2. Las leyes incluyen en la categoría de títulos ejecutivos a los certificados de deuda que determinan y autorizan a suscribir tales documentos a los jefes de los respectivos organismos y, si bien la ley procesal no especifica los recaudos básicos que deben reunir tales instrumentos, resulta necesario que sean expedidos en forma que permitan identificar con nitidez las circunstancias que justifican el reclamo por la vía elegida.
CS, 11/09/2007, Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c. Provincia de Santiago del Estero, La Ley Online.
3. La boleta de deuda reviste el carácter de título ejecutivo hábil cuando ha sido expedida por la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario, se encuentra firmada por un funcionario competente y se corresponde con el impuesto reclamado, ello conforme a lo establecido en el art. 451 del Código Contencioso Administrativo y Tributario.
Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, 15/12/2005, Ciudad de Buenos Aires c. Kemper S.A.C.I.I.F.C. y A., IMP 2006-9, 1167, AR/JUR/7836/2005.
4. Cuando se pretende el cobro de una deuda originada en una diferencia en la contribución de alumbrado, barrido y limpieza, territorial y de pavimentos y aceras —en el caso, motivada en una "refacción"—, el título, prima facie, debe contener: a) la firma y aclaración del funcionario autorizado; b) el nombre o los datos identificatorios del contribuyente; c) la fecha y lugar de emisión; d) el concepto, período fiscal e importe; y e) el origen de la deuda.
Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, 19/09/2005, Ciudad de Buenos Aires c. Salomón, Eduardo, LA LEY 17/01/2006, 17/01/2006, 1 - LA LEY 2006-A, 469 - IMP 2006-3, 476, AR/JUR/4346/2005.
 B. Intimación Previa 
5. El procedimiento establecido en el art. 134 del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires requiere que el contribuyente no haya presentado las declaraciones juradas pertinentes ante la Dirección General de Rentas y, que haya sido emplazado por el plazo de 15 días a efectos de que proceda a ingresar el tributo reclamado.
Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, 23/03/2006, Ciudad de Buenos Aires c. Gualtieri, Victorio Américo - Sabavisa UTE, IMP 2006-9, 1167, AR/JUR/296/2006.
III. Ejecución de aportes sindicales y de la seguridad social
6. Debe desestimarse la excepción de inhabilidad de título opuesta en una ejecución fiscal, ya que el certificado de deuda expedido por la asociación sindical ejecutante ha sido suscripto por el secretario general del gremio, quien es el representante legal del ente y se encuentra facultado para materializar un reclamo en la instancia judicial.
CNTrab., sala X, 26/02/2010, Sindicato Único de Trabajadores de Peluquerías Estética y Afines de Buenos Aires c. Mostovy, Valeria Mabel, DJ 26/05/2010, 1430, AR/JUR/3531/2010.
7. Corresponde admitir la excepción de inhabilidad de título opuesta por la demandada y rechazar la ejecución fiscal impetrada, toda vez que la actora no acreditó el cumplimiento del trámite previo a la emisión de las certificaciones desconocidas por la contraria, a fin de demostrar la legitimidad de las mismas.
CNTrab., sala II, 15/07/2008, Unión De Trabajadores del Turismo Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina U.T.H.G.R.A. c. El Arbolito, IMP 2008-19 (Octubre), 1659, AR/JUR/5902/2008.
8. Resulta procedente la ejecución fiscal incoada por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina a fin de obtener el cobro de ciertos aportes que se le adeudan, pues si bien el juez a quo rechazó la acción por entender que quien suscribió el certificado de deuda no acreditó fehacientemente su carácter de secretario general del sindicato, omitió cuestionar las facultades de la ejecutante para el cobro de las sumas debidas, y en tanto no existe ninguna norma que imponga la necesidad de acreditar la representación de los funcionarios a los que oportunamente se les confirió su mandato.
CNTrab., sala V, 07/02/2008, Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina U.O.C.R.A. c. Acosta Luján C. y Acosta Luján S. Soc. de Hecho y otros, La Ley Online, AR/JUR/144/2008.
9. Corresponde confirmar el decisorio que admitió la ejecución fiscal promovida por la Unión Personal Civil de la Nación por cobro de aportes y contribuciones sindicales contra un organismo del estado, ya que se acreditó que los pagos fueron realizados con posterioridad a las fechas de vencimiento, sin que a ello sea óbice la supuesta presentación tardía de la actora en la tesorería de la accionada, puesto que la ley 24.642 es clara en cuanto dice cómo y cuándo deben abonarse las cuotas pertinentes.
CNTrab., sala IV, 14/11/2007, Unión del Personal Civil de la Nación U.P.C.N. c. Estado Nacional Ministerio de Trabajo Administración Nacional de Seguridad Social A.N.S.E.S., DT 2008 (abril), 437, AR/JUR/9808/2007.
10. Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la excepción de inhabilidad de título opuesta por el empleador en la ejecución fiscal seguida por un sindicato por la falta de pago de los aportes sindicales, con fundamento en la inexistencia de la deuda —en el caso, sostuvo que los trabajadores solicitaron que no se les realizaran los descuentos—, ya que la defensa no puede sustentarse en la falta de causa de la obligación cuando como en el caso, no es dable conocer sobre la relación fundamental que da origen a la creación de un título ejecutivo, puesto que ello excede el marco cognoscitivo del juicio ejecutivo.
CNTrab., sala V, 12/06/2007, Suterh Sindicato Único de Trabajadores de edificios de Renta y Propiedad Horizontal c. Consorcio de Propietarios del Edificio Ayacucho Antes 1743, Hoy 1735/1737/1739 y 1743, IMP 2007-17 (Septiembre), 1688, AR/JUR/3363/2007.
11. En una ejecución fiscal iniciada de acuerdo a los arts. 19 de la ley 24.635 y 12 de la ley 18.695, corresponde imponer las costas de primera instancia al ejecutado que, si bien interpuso la excepción de pago acompañando las boletas correspondientes, no demostró, como pauta de buena fe, que realizó el depósito y lo hizo saber oportunamente a la autoridad pertinente.
CNTrab., sala VII, 02/05/2007, Ministerio de Trabajo c. Caja de Seguros de Vida S.A., La Ley Online, AR/JUR/2562/2007.
IV. Inapelabilidad de las decisiones
12. Tan subsidiario es el papel que el art. 92 de la ley 11.683 asigna al juez en los procesos de ejecución que, para el supuesto de que el deudor no oponga excepciones, sólo debe limitarse a otorgar una mera constancia de tal circunstancia para que la vía de ejecución del crédito quede expedita —art. 92, párrafo 16—, lo que violenta el principio constitucional de la división de poderes y desconoce los más elementales fundamentos del principio de la tutela judicial efectiva y de la defensa en juicio consagrados tanto en el art. 18 de la Constitución Nacional como en los Pactos internacionales incorporados con tal jerarquía en el inc. 22 de su art. 75 —confr. el art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica, el art. XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; art. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos—.
CS, 15/06/2010, Administración Federal de Ingresos Públicos c. Intercorp S.R.L., LA LEY 23/06/2010, 4, con nota de Arístides Horacio M. Corti; José I. Bellorini; Carlos María Folco; Gastón Vidal Quera; LA LEY 30/06/2010, 7, con nota de Rodolfo S. Spisso; IMP 2010-8, 155, AR/JUR/24256/2010.
13. La regla de la inapelabilidad prevista en el art. 92 de la ley 11.683 tiene carácter de excepción y sólo alcanza a la sentencia de ejecución o a la revocación del auto de intimación de pago y embargo, en su caso, pero no a los pronunciamientos sobre puntos que por una razón circunstancial están materialmente incluidos en la sentencia, pero son ajenos a lo que debe ser materia de decisión en ella.
CS, 14/02/2006, Dirección Nac. de Recaudación Previsional c. Vidal de Docampo, Clara A., LA LEY 22/05/2006, 22/05/2006, 11 - LA LEY, 2006-C, 898 – DJ, 22/03/2006, 754 – IMP, 2006-7, 954, AR/JUR/30/2006.
V. Intereses
14. Corresponde revocar el proveído que dispuso que se calculen los intereses resarcitorios hasta el inicio de la demanda y los punitorios desde entonces sin superponerse, en el marco de una acción ejecutiva promovida sobre la base de los Certificados de Deuda expedidos en los términos del art. 24 de la ley 23.660 y su reglamentación, toda vez que en virtud de lo previsto en el art. 55 de la ley 11.683 la aplicación de intereses punitorios en forma acumulativa a los resarcitorios previstos en el art. 42 de ese cuerpo legal se vincula con el hecho de que hubiera sido necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivo el crédito fiscal cuyo cobro se persigue.
CFed. Seguridad Social, sala I, 17/09/2008, Obra Social Empleados de Comercio y Actividades Civiles c. Dis Mill S.R.L., La Ley Online, AR/JUR/11591/2008.
15. Cabe revocar la sentencia que ordenó al Fisco de la Ciudad de Buenos Aires practicar una nueva liquidación de la deuda a ejecutar, aplicando un tope máximo de interés, ya que los intereses establecidos en las ejecuciones de tributos no pueden compararse con los utilizados en otras operaciones en tanto existe una diferencia en la naturaleza de las obligaciones, por ello no puede prescindirse, sin justificación alguna, de las tasas que para el cómputo de dichos accesorios se encuentran previstas en las disposiciones específicamente aplicables al crédito reclamado por la actora, máxime cuando no ha mediado objeción alguna por parte de la accionada.
Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, 28/09/2006, Ciudad de Buenos Aires c. Bouche, Víctor A., La Ley Online, AR/JUR/8572/2006.
16. Es improcedente la pretensión de la demandada de que se aplique el art. 656 del Cód. Civil respecto de los intereses liquidados por la ejecutante —Asociación de Trabajadores del Estado—, ya que los réditos "compensatorios" y "punitorios" han sido establecidos con el propósito de estimular el cumplimiento en término de las obligaciones tributarias y previsionales, razón por la cual su desconocimiento o reducción importaría olvidar su naturaleza y la razón legal que los justifica.
CS, 21/03/2006, Asociación de Trabajadores del Estado c. Provincia de Santiago del Estero, LA LEY 19/05/2006, 19/05/2006, 5 - LA LEY 2006-C, 502 - DJ 24/05/2006, 250 - IMP 2006-11, 1395, AR/JUR/614/2006.
VI. La ejecución fiscal y el concurso
17. Corresponde declarar prescripta una porción del crédito fiscal cuya verificación se pretende si el mismo fue insinuado una vez vencido el plazo previsto en el art. 56 L.C.Q., pues las ejecuciones fiscales promovidas con posterioridad al concursamiento carecen de eficacia interruptiva.
CNCom., sala D, 11/11/2009, Morelli, Clara, IMP 2010-6, 198 - Sup. CyQ 2010 (junio), 59, AR/JUR/58684/2009.
18. La ejecución fiscal iniciada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede considerarse con efectos interruptivos del plazo de prescripción de la acción para reclamar la verificación del crédito en el concurso preventivo del deudor, si no se observa una coincidencia entre los conceptos impositivos reclamados en aquel proceso y los que son materia de verificación, siendo que la enumeración de rubros que componen la acreencia difiere en ambos escritos iniciales, los montos individualmente apreciados son diferentes y existe una gran diferencia del monto global reclamado en ambos casos.
CNCom., sala C, 06/10/2009, La Cité de Buenos Aires S.A. s/conc. prev. s/inc. de verif. de créd. prom. por: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sup. CyQ 2010 (marzo), 92 - IMP 2010-5, 207, AR/JUR/46516/2009.
19. Debe considerarse operada la prescripción de la acción verificatoria intentada por el fisco, en tanto transcurrió el plazo previsto por el art. 56 de la ley de concursos y quiebras, pues si bien el inicio de la ejecución fiscal interrumpe el cómputo, el órgano fiscal se presentó a insinuar el crédito pasados los dos años previstos en el mencionada normativa y no se constatan circunstancias que hubiesen impedido una presentación en debido tiempo.
CNCom., sala C, 02/10/2009, Casa Abe S.A., La Ley Online, AR/JUR/48335/2009.
20. Si la causa del crédito que se ejecuta es anterior a la apertura del concurso preventivo del demandado, más la multa impuesta por la Secretaría de Pesca y Agricultura es de fecha posterior, el proceso de ejecución de dicha sanción debe radicarse ante el juez que tramita el proceso concursal.
CNFed. Contenciosoadministrativo, sala III, 21/08/2008, Estado Nacional – Ministerio de Economía y Producción c. Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A., La Ley Online, AR/JUR/8935/2008.
21. El plazo de prescripción de la acción de cobro del Fisco Nacional respecto de un contribuyente concursado debe regirse por la ley 11.683 (t.o. 1998) (Adla, LVIII-C, 2969) y no por el art. 56 de la ley 24.522 (Adla, LV-D, 4381), pues el proceso tributario no queda afectado por la fuerza atractiva de los juicios universales previstos en la ley de concursos y quiebras, ya que de lo contrario las normas tendientes a regular relaciones de derecho privado avasallarían el régimen instaurado para el ejercicio de las acciones y poderes fiscales para determinar impuestos y aplicar multas.
CNFed. Contenciosoadministrativo, sala V, 01/08/2005, Valle de las Leñas S.A. c. Dirección Gral. Impositiva, LA LEY 01/02/2006, 7, con nota de Darío J. Graziabile; Ignacio D'Alessio; LA LEY 2006-A, 588, con nota de Darío J. Graziabile; Ignacio D'Alessio; LA LEY 05/12/2005, 05/12/2005, 8 - LA LEY 2005-F, 665 - IMP 2006-1, 172, AR/JUR/4735/2005.
VII. La ejecución fiscal y el recurso extraordinario federal
22. A los fines de la procedencia del recurso extraordinario, no es sentencia definitiva ni equiparable a tal la resolución que rechazó la excepción de inhabilidad de título y mandó llevar a cabo la ejecución fiscal promovida.
CS, 05/02/2008, Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva c. Victorio Américo Gualtieri S.A., IMP, 2008-7 (Abril), 610 - DJ 23/04/2008, 1074 - LA LEY, 2008-C, 158 - Sup. Adm. 2008 (abril), 51, AR/JUR/63/2008.
23. Si bien las resoluciones dictadas en juicios ejecutivos son por regla insusceptibles de tratamiento por vía extraordinaria, en el caso se configura un supuesto de excepción, pues lo resuelto por el a quo respecto de la exigibilidad del crédito reclamado en un proceso de apremio no podrá ser replanteado posteriormente. (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo)
CS, 08/05/2007, Fisco Nacional - Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva c. Diario Perfil S.A., La Ley Online.
VIII. Casuística
 i) Inhabilidad de título 
24. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó las excepciones de inhabilidad de título, litispendencia, inexistencia de deuda e inconstitucionalidad y mandó llevar adelante la ejecución fiscal, atento a que la deuda allí declarada aún no resulta exigible ya que, habiendo sentencia firme de la Cámara que revocó el pronunciamiento del Tribunal Fiscal que declaró extemporánea la interposición del recurso contra el acto de determinación de deuda, y devueltas las actuaciones al organismo jurisdiccional para que se expidiera sobre las cuestiones planteadas, el efecto suspensivo asignado a los recursos deducidos ante el tribunal Fiscal por el art. 167 de la ley 11.683 impedía a la AFIP promover la ejecución.
CS, 09/03/2010, Administración Federal de Ingresos Públicos c. González, Alfredo Oscar, PET 2010 (mayo-442), 10 - LA LEY, 2010-C, 4, con nota de Emilio Sarmiento; IMP, 2010-7, 182, AR/JUR/1347/2010.
25. Corresponde rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta por una empresa distribuidora de energía eléctrica, en una acción tendiente al cobro de una multa impuesta por el E.N.R.E., pues la vía de la ejecución fiscal resulta procedente cuando se persigue el cobro judicial de multas adeudadas a la Administración.
CNFed. Contenciosoadministrativo, sala III, 26/03/2009, Ente Nacional Regulador de Electricidad-Resol 54/08 c. Edelap S.A., LA LEY, 2009-C, 378, AR/JUR/4285/2009.
26. Procede admitir la excepción de inhabilidad de título por inexistencia de deuda interpuesta por la empresa constructora demanda en el proceso de ejecución fiscal iniciado por el Fisco de la Ciudad de Buenos Aires a fin de cobrar las sumas adeudadas en concepto del Impuesto sobre los Ingreso Brutos, pues la normativa vigente durante los períodos objeto de ejecución establecieron expresamente la exención para la actividad de la construcción, y la accionada demostró que durante dicho período era titular de la exención.
Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, 31/03/2009, GCBA c. Storani y Asoc. S.A. Empresa de Contruc., La Ley Online, AR/JUR/34662/2009.
27. Corresponde rechazar la excepción de inhabilidad de título —art. 544, inc. 4), Cód. Procesal— opuesta por una empresa de radiodifusión contra la ejecución fiscal promovida por el Comité Federal de Radiodifusión pretendiendo el cobro de una multa porque la boleta de deuda y su anexo emitida por el Interventor del organismo conforma un título hábil al reunir los requisitos extrínsecos que lo habilitan como tal, esto es, lugar, fecha, firma del funcionario competente, indicación concreta del deudor, importe y concepto del documento
CNFed. Contenciosoadministrativo, sala V, 28/08/2008, Comfer Resol 946/04 BD 47/07 c. Arte RadioTelevisivo Argentino S.A., La Ley Online, AR/JUR/8542/2008.
28. Es procedente la excepción de inhabilidad de título opuesta por una empresa prestataria de servicio público contra la ejecución iniciada en su contra por la Comisión Nacional de Comunicaciones, si la resolución por la que se impuso la multa no se encontraba firme en virtud del recurso de reconsideración por aquélla incoado, el cual se encontraba pendiente de resolución.
CNFed. Contenciosoadministrativo, sala V, 19/08/2008, Comisión Nacional de Comunicaciones c. Telecom Argentina S.A., IMP, 2008-21 (Noviembre), 1816 - LA LEY, 14/01/2009, 4, AR/JUR/7461/2008.
29. La excepción de inhabilidad de título opuesta por la empresa ferroviaria contra la ejecución seguida por el Fisco de la Ciudad de Buenos Aires en orden a las sumas adeudadas en concepto de contribuciones de alumbrado, barrido y limpieza, territorial, pavimentos y aceras, y ley 23.514, es procedente, ya que según la propia normativa fiscal aplicable, la ejecutada está exenta del pago de alguno de los tributos reclamados, y el título base de la ejecución fue expedido en forma global, importando un defecto formal que lo torna inhábil.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II, 06/09/2007, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c. Ferrocarriles Argentinos S.A., La Ley Online, AR/JUR/8185/2007.
30. Es procedente admitir el agravio del ejecutado relativo a que las multas reclamadas en la ejecución fiscal no resultarían exigibles por no estar firmes las resoluciones administrativas que las impusieron, ya que, en tanto la demandada sostuvo —al oponer excepciones— haber promovido ante el mismo juzgado sendas demandas contenciosas contra aquellas resoluciones, denunció dichos autos y ofreció la prueba pertinente, una adecuada decisión de la causa imponía considerar debidamente tal extremo, puesto que, de verificarse, determinaría la inexigibilidad de las multas, en razón de que no puede perseguirse válidamente su cobro antes de que quede firme el acto que las impuso (art. 51, ley 11.683).
CS, 11/07/2007, Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva c. Gervasini, Ernesto Andrés, La Ley Online.
31. Cabe confirmar la sentencia de primera instancia que desestimó la ejecución fiscal seguida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el pago retroactivo de contribuciones de ABL, toda vez que el título de deuda acercado por el fisco resulta inhábil, pues deja a la ejecutada en condiciones de suponer la posible causa de la deuda que se le reclama y además, absolutamente imposibilitada de conocer cómo se arriba al monto nominal cuyo pago se le intima.
Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, 12/06/2006, Ciudad de Buenos Aires c. Arenales 2330 S.A., La Ley Online, AR/JUR/4332/2006.
32. Cabe rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta en una ejecución fiscal, si ésta se funda en el hecho de que al contestar el traslado de esa defensa se consignó un nombre distinto al del funcionario que había suscripto la constancia de deuda base de la ejecución pues, más allá de ese error material, quien firmó dicho documento tenía facultades para hacerlo.
Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, 15/12/2005, Ciudad de Buenos Aires c. Kemper S.A.C.I.I.F.C. y A., IMP, 2006-9, 1167, AR/JUR/7836/2005.
 ii) Intimación previa 
33. Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la ejecución fiscal iniciada por el G.C.B.A. tendiente al cobro del impuesto sobre los ingresos brutos, pues el título fue emitido con fundamento en el art. 134 del Código Fiscal —t.o. 1999— pero no se acreditó fehacientemente el emplazamiento allí previsto, lo cual torna improcedente el reclamo efectuado, debiéndose tener en cuenta que dicha intimación hubiera dado la posibilidad a la accionada de plantear sus defensas, máxime cuando de los oficios librados por el juez de grado se informó que los importes le fueron retenidos y depositados oportunamente.
Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, 21/06/2007, GCBA c. Vidal, Juan Eduardo, La Ley Online, AR/JUR/1979/2007.
34. Cabe revocar la sentencia que ordenó llevar adelante la ejecución fiscal seguida por la Dirección de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires, toda vez que la deuda reclamada tenía origen en el sistema de pago a cuenta regido por el art. 143 del Código Fiscal de la mencionada ciudad, que prevé como paso previo al reclamo judicial la intimación a presentar la declaración jurada, y de la causa aquella no surge, siendo un presupuesto de procedencia para la expedición del título.
Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28/12/2006, GCBA c. Transportes Lope de Vega SACI, La Ley Online, AR/JUR/9465/2006.
 iii) Medidas cautelares 
35. Procede desestimar la medida cautelar autónoma solicitada por una firma contribuyente a fin de que el Fisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstenga de ejecutar la deuda determinada en concepto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, pues habiéndose iniciado la ejecución fiscal, la concesión de la cautelar importaría interferir en procesos judiciales ya existentes.
Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, 09/03/2009, IGT Argentina S.A. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, La Ley Online, AR/JUR/34748/2009.
36. Corresponde confirmar el pronunciamiento que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora, ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abstenerse de ejecutar la multa impuesta, en tanto lo contrario implicaría privar al particular de la posibilidad de discutir su procedencia en el marco de un juicio previo.
Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, 20/07/2006, Lafayatte Hotel c. GCBA y otros, La Ley Online, AR/JUR/4394/2006.
37. Es descalificable la sentencia que admitió una medida de no innovar y ordenó a la Dirección General Impositiva abstenerse de iniciar ejecuciones fiscales por los importes y conceptos que fueron objeto de determinación ya que, al sustentar la verosimilitud del derecho, el a quo omitió toda valoración en torno a la presunción de legitimidad de la cual goza la determinación de oficio atacada, en cuya virtud no resulta fundado admitir la ilicitud o arbitrariedad del acto sin que medie un análisis concreto, preciso y detallado sobre los elementos y pruebas que, al menos prima facie, la privarían de su validez en derecho (del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo)
CS, 25/10/2005, Empresa Constructora Juan M. de Vido S.C.A. c. Administración Fed. de Ingresos Públicos, DJ, 22/02/2006, 448 - LA LEY, 2006-A, 625 – IMP, 2006-3, 474, AR/JUR/4717/2005.
 iv) Multas del Ministerio de Trabajo 
38. En la ejecución de las multas impuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ante las infracciones de los empleadores a las obligaciones de la seguridad social corresponde aplicar el procedimiento de ejecución fiscal previsto por la Ley 11.683 y la Resolución 655/05 del referido Ministerio, y no los arts. 531 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
CFed. Seguridad Social, sala III, 15/04/2009, Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social c. Zhao Chunyan, AR/JUR/28663/2009.
 v) Sentencias arbitrarias 
39. Es arbitraria la decisión que, a los fines de rechazar la defensa de inhabilidad de título opuesta, tendiente a repeler el cobro de las multas aplicadas a la demandada —arts. 46 y 47 de la ley 11.683— por deuda inexigible, concluyó que no es suficiente con la "interposición" de la demanda judicial establecida art. 82 de la ley 11.683 sino que es menester su "oportuna puesta en conocimiento" al organismo recaudador, pues esa inteligencia discrepa con la letra de la disposición, toda vez que la promoción de la acción referida determina la inexigibilidad de la deuda reclamada en los términos del art. 51 de esa ley, y ello no se altera por la demora en que habría incurrido la ejecutada al poner en conocimiento de la AFIP del inicio de la acción judicial iniciada contra el acto administrativo que impuso la sanción (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo).
CS, 11/08/2009, Fisco Nacional - Administración Federal de Ingresos Públicos c. Dis. Far Mar S.A., La Ley Online, AR/JUR/69347/2009.
40. Si el juez no valoró las constancias probatorias aportadas por la ejecutada tendientes a demostrar la inexistencia de la deuda reclamada, ni tomó en cuenta que existía una exención de pleno derecho en el impuesto a la ganancia mínima presunta, la sentencia que manda llevar adelante la ejecución fiscal resulta descalificable por arbitrariedad. (Del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo)
CS, 05/02/2008, Fisco Nacional - Dirección General Impositiva c. Transportes 9 de Julio S.A., PET, 2008 (octubre-404), 11.
41. Toda vez que los tribunales inferiores también se encuentran obligados a tratar y resolver adecuadamente en los juicios de apremio las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, siempre y cuando ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos, no pueden ser tenidas como sentencias válidas las que omiten dicho tratamiento, por cuanto ello habrá de gravitar fundamentalmente en el resultado de la causa. (Del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte, por mayoría, hace suyo)
CS, 05/02/2008, Estado Nacional - Dirección General c. Transportes 9 de Julio S. A., IMP, 2008-7 (Abril), 609 – DJ, 30/04/2008, 1169 - LA LEY, 2008-C, 400, con nota de Rodolfo R. Spisso, AR/JUR/98/2008.