Autores: Lenardón, Fernando Roberto Heinze, Valeria Adriana 
Abstract: Se presenta sintéticamente la evolución del sistema tributario argentino, desde 1810 hasta nuestros días. 

Introducción
La cercanía con los Festejos del Bicentenario nos invita a realizar una serie de reflexiones acerca de las realidades tributarias de nuestro país en sus albores en comparación con la actual.
Para ello, queremos citar a grandes estudiosos cuyos pensamientos compartimos.
Comenzaremos con un historiador que nos lleva hasta comienzos del siglo XIX preguntándose: "¿La revolución de Mayo fue un acto económico, un acto político, un acto militar? Y se responde: no, fue un acto escolar". Así atraviesa nuestras vidas el hecho fundador de nuestra nacionalidad, como un recuerdo agridulce de pastelitos, corcho quemado y vendedores ambulantes" (1).
Los tributos en 1810
Afirma Villegas, "los derechos aduaneros son anteriores al nacimiento de nuestro país como nación independiente y soberana, ya que la Revolución de Mayo los halló vigentes como parte integrante del sistema fiscal de España para el Virreynato del Río de la Plata. Se trataba de un régimen monopolista, prohibitivo y restrictivo de la posibilidad de negociar libremente en el área internacional. Se sostiene que este régimen, así concebido, fue causa preponderante del estancamiento de las colonias españolas en el continente, y fue, por otra parte, uno de los motivos determinantes del movimiento revolucionario de 1810." (2)
En efecto, El "sistema impositivo" reinante en 1810 se basaba en impuestos aduaneros. Refrescando el concepto, los impuestos aduaneros constituyen gravámenes a la importación y a la exportación de bienes.
Si bien los primeros (importación) tienen el carácter de gravámenes típicos en todas las legislaciones, no sucede lo mismo con los segundos (exportación), que constituyen excepción y son generalmente considerados como obstaculizantes para las vinculaciones comerciales internacionales (3).
Por consiguiente, la imposición sobre importaciones y exportaciones puede alterar el equilibrio del comercio internacional en lo que respecta al Estado que ejerce el poder fiscal.
No debe sorprender que, precisamente en este campo, se haya utilizado el instrumento del impuesto para regular de alguna forma o influir sobre las importaciones y exportaciones. Los impuestos sobre las importaciones tienen la función de eliminar o atenuar la competencia de los productos extranjeros para los de la industria local. El uso de los impuestos aduaneros con fines protectores de las industrias locales, incluyendo la agricultura y ganadería ha sido quizás, el primero pero seguramente el más importante experimento de la utilización de impuestos no con fines recaudatorios sino de regulación económica.
El fin protector extremo se logra plenamente cuando con el impuesto aduanero se elimina por completo la introducción de mercaderías de origen foráneo; pero, en tal caso, no hay importación, ergo no hay recaudación. A la inversa, si la recaudación del impuesto aduanero es cuantiosa, ello significa la entrada en el mercado interno de mercaderías de procedencia extranjera, frustrándose el propósito proteccionista. (4)
Hemos manifestado que en 1810 el abuso en la aplicación de los "recursos aduaneros" fue una de las causales fundamentales que llevó al pueblo a la plaza del cabildo.
Fue así que en 1810, la administración de Aduana permitía a Buenos Aires manejar recursos en una cantidad que ninguna otra zona del país podía igualar. La Aduana era la principal fuente de ingresos de todo el país y un arma política muy importante. Los gobernantes de la capital decidían qué productos entraban o salían del país. Podían así impedir a cualquier provincia desarrollar su industria con el simple trámite de bloquear la entrada de alguna maquinaria o producto que consideraban que podría poner en peligro la economía porteña. Por otra parte, todas las provincias contribuían a aumentar la riqueza y el poder de la ciudad puerto mediante el pago de derechos aduaneros (5).
Los tributos a lo largo de la historia argentina
Posteriormente a 1810, el gravamen aduanero fue objeto de una serie de alternativas cambiantes íntimamente relacionadas con la evolución histórica del país y con el nacimiento de la nacionalidad. Vemos así, que en 1822 fueron implantados por Buenos Aires y en 1828 fueron nacionalizados. Durante el gobierno de Rosas, los recursos provenientes de estos gravámenes volvieron a Buenos Aires (1836) prolongándose esta situación hasta 1851.
Realizado el acuerdo nacional de San Nicolás y dictada la Constitución Nacional, quedaron a cargo del gobierno nacional todas las aduanas del país, pero en 1856 Buenos Aires se separó de la Confederación y se apropió de los ingresos aduaneros provenientes de su puerto. Finalmente, y al firmarse el tratado de paz del 11 de noviembre de 1859, Buenos Aires volvió a ser provincia, suscribiendo la Constitución de 1853, aunque con las reformas introducidas en 1860, según las cuales los derechos de aduana se transformaron en recursos exclusivamente nacionales, por resultar materia expresamente delegada por las provincias. (6)
Avanzando un poco en el tiempo, y no quitando la vista de la relevancia en la incidencia que los derechos de exportación tenían en la conformación del tesoro nacional, nos encontramos con que los constituyentes en 1853 tuvieron que sortear un delicado problema. Hasta ese momento las aduanas exteriores eran la principal fuente de recursos. Es por eso que los representantes del pueblo debieron, para organizar constitucionalmente la Nación, plantear la determinación de los recursos del gobierno nacional, y por ende, la distribución del poder impositivo entre los órdenes gubernativos nacional y provincial que iban a ser instituidos por el código político que elaboraban.
En 1918, el gobierno de Irigoyen volvió a recurrir a las retenciones a las exportaciones. Permanecieron hasta 1925, cuando Alvear aceptó suprimirlas por consejo de su ministro de hacienda, Victor Molina. Fue un triunfo de la patria ganadera, que entonces sí comenzaba a sentir el tributo como una carga insoportable.
Desde 1930, en virtud de las nuevas condiciones mundiales (crisis de 1920 y Segunda Guerra Mundial), Argentina, al igual que el resto del mundo, abandonó la política librecambista sostenida desde 1860 y se embarcó en una transformación del marco regulatorio de la actividad económica y en una drástica ampliación de la presencia del Estado.
De ese modo se buscaba obtener beneficios de la exportación de productos por medio del mercado oficial de divisas. En el año 1958 eso se modificó con el dictado de decretos que suprimieron en apariencia el control de cambios que se había originado en 1931, primero en forma limitada y luego abiertamente.
Se sostiene que dicha supresión fue aparente porque el Decreto Nº 11.917/58 sólo modificó el mecanismo de regulación económica hasta entonces existente, creando en cuanto a las exportaciones el sistema de retención de cambio que, desde el punto de vista económico, actuó como un gravamen a la exportación pero sin integrar, propiamente, el régimen de impuestos aduaneros, pues consistía en la apropiación por el Estado de una porción de las divisas obtenidas por la venta de las mercancías al exterior. Dicho sistema subsistió hasta el año 1967, en que fue derogado por la Ley 17.198, simultáneamente con la devaluación del peso por Decreto Nº 1.407/67.
La ley creó planillas anexas, estableciendo derechos ad valorem según las mercancías, que en ciertos casos quedaban libres del tributo, además, el artículo 2 facultaba al Poder Ejecutivo para reducir o suprimir los derechos. Los derechos no se aplicaban según valores de transacciones comerciales sino "sobre la base de los precios índices que oficialmente se establezcan o, en su defecto, de los valores FOB de exportación", a cuyo fin el Decreto Nº 1.408/67 dispuso que tales "precios índices" serían fijados por una comisión que funcionaría en la Secretaría de Industria y Comercio, integrada por funcionarios de diversas entidades. Junto con la segunda devaluación del peso efectuada en 1970 mediante el Decreto Nº 6/70, que significó un aumento del dólar del 12.5%, la Ley Nº 18.714 creó un derecho suplementario de exportación equivalente al porcentaje en que el dólar había aumentado (12.5%) sobre los valores índices o valores FOB de exportación, facultando al Poder Ejecutivo en su artículo 2 para reducirlos o suprimirlos. Si bien la Ley Nº 17.198 actualmente se encuentra derogada, sus disposiciones fueron receptadas por el Código Aduanero (Ley Nº 22.415) en su artículos 724 y siguientes.
Previo a ello, en el año 1955, después del golpe de Estado contra el gobierno de Perón, estas retenciones rigieron en sustitución del "maldito", para los terratenientes, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI). Aquel organismo clave del peronismo retenía las divisas de exportación y entregaba a los productores agropecuarios el porcentaje que consideraba apropiado para sostener su actividad y reconocer una ganancia razonable. Una porción significativa de la renta agraria absorbida por el Estado por esa vía era redistribuida al sector fabril, que recibía créditos subsidiados para su desarrollo a través del Banco de Crédito Industrial.
El IAPI fue disuelto después del golpe de Estado, con lo que terminó aquella transferencia de recursos del sector rural al industrial, pero el gobierno del general Lonardi igualmente necesitó apelar a las retenciones para mejorar las cuentas fiscales. Al mismo tiempo, le fue imprescindible restablecer el impuesto para evitar una estampida de los precios internos de los alimentos, debido a que tuvo lugar una violenta devaluación. Ambas razones son exactamente las mismas que motivaron la vuelta a escena del tributo después de la convertibilidad.
Mas allá de la importancia que siempre tuvieron los impuestos a la exportación en la conformación del erario público nacional, lo cierto es que los mismos sólo han sido aplicados en forma permanente a partir del año 1967, con la sanción de la Ley Nº 17.198, donde se estableció este impuesto para numerosas mercaderías.
A comienzos de la década del 90, esas retenciones fueron eliminadas y quedó solamente un porcentaje de 3.5% de impuesto para las exportaciones de los granos oleaginosos. Este diferencial arancelario estaba destinado a "proteger" a la industria procesadora en razón de los numerosos subsidios que recibía la industria en otros países.
A raíz de la devaluación de inicios de 2002, se volvió a aplicar las retenciones, primero en un 10% y luego en otro 10%.
Los buenos precios que se registraron en los dos años siguientes y las ventajas que recibieron por la devaluación de nuestra moneda aquellos sectores ligados a la exportación hicieron que el efecto depresivo causado por la retención en los precios que recibía el productor pasase prácticamente inadvertido. Mientras los precios internacionales se mantuvieron en los altos niveles de los años 2003 y principio de 2004, no hubo por parte de muchos productores una manifiesta crítica a la permanencia de las retenciones.
Estos incrementos fueron más notorios a partir de 2007 (7), y a través de la Resolución 125/2008 llevaron a una "Revolución" que, salvando las enormes distancias, marcó…
Conclusiones
En estas breves líneas, intentamos refrescar la evolución de los recursos aduaneros. A pesar de que a muchos historiadores les gusta ignorar la vertiente pragmática de los hechos políticos trascendentes, no se puede ignorar que tuvieron su peso específico entre las causales de la Revolución de 1810.
Hoy en día, y si bien, todos los autores tributarios marcan lo delicado que debe ser quien los aplica, no terminan de ausentarse de nuestro sistema impositivo.
En el final, parecen apropiadas las palabras de Villegas, quien sostiene que "un ligero examen de la forma como fueron surgiendo nuestros principales gravámenes, demuestra que la emergencia, la transitoriedad y la improvisación dieron la tónica predominante a un conglomerado impositivo que se fue plasmando con la única finalidad de cubrir las crecientes necesidades del fisco … hasta ahora, las modificaciones generalmente se efectuaron sin seguir los lineamientos de un plan científico y sin otra directiva aparente que ir cubriendo las crecientes necesidades del erario" (8).
Como en 1810, los problemas de "Caja" impiden la generación de un sistema tributario racional, justo y progresista.
 (1) Felipe Pigna: Los mitos de la historia Argentina, T I, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2006. Pág. 217.
 (2) Héctor B. Villegas: Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Desalma, Buenos Aires, 1999. Pág. 711
 (3) Héctor B. Villegas: Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Desalma, Buenos Aires, 1999. Pág. 712
 (4) Dino Jarach: Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Editorial Cangallo S.A.C.I., Buenos Aires, 1983. Pág. 803-805.
 (5) Felipe Pigna: Los mitos de la historia Argentina, T I, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2006. Pág.251.
 (6) Héctor B. Villegas: Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Desalma, Buenos Aires, 1999. Pág. 711
 (7) Lenardon, Klocker y Heinze. Retenciones a la exportación de productos agrarios. Dictum Ediciones, Paraná 2008. Pág. 35-42
 (8) Héctor B. Villegas: Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Desalma, Buenos Aires, 1999. Pág. 520